Nueva Revista Encrucijadas Nro 48: Marginaciones Sociales

Ya está a la venta el nuevo número de la Revista Encrucijadas, la revista de la Universidad de Buenos Aires.

Notas

– El modelo argentino: efectos de una matriz social fragmentada por Agustín Salvia
– Desempleo, pobreza y precariedad: formas habituales de marginaciones por Javier Lindenboim
– El sistema público de salud, en deuda con la ciudadanía por Gonzalo Moyano
– Consumo y tráfico de drogas en territorios empobrecidos por Diana Rossi
– La gestión compartida como modelo de inclusión urbana por Liliana D´Angeli
– La urgencia de agua potable para detener la mortalidad por Graciela Garbossa
– Las TIC como factor de inclusión de zonas rurales marginales por Cecilia G. Galarza
– La integración de lo diverso por Susana Underwood
– Impacto de la deuda social en la niñez y adolescencia por Marisa Herrera
– Volver de los márgenes: el caso de las empresas recuperadas por trabajadores y trabajadoras
por Margarita Robertazzi

Grandes maestros de la UBA
 Roberto Fernández Prini

Versión online

El cuerpo en las prácticas deportivas y gímnicas en sujetos detenidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense

ACLARACIONES PREVIAS

Se hace necesario explicitar que esta ponencia es fruto fundamentalmente por un lado de dos proyectos de investigación, uno que se realizó durante los años 2003-2005 denominado: Educación Física y Sujetos con Necesidades y en Situaciones Especiales en Ámbitos No Formales y el otro que se desarrolla desde el año 2006 hasta la actualidad  denominado: EL Cuerpo y el Aprendizaje en la Educación Física de los Otros, ambos se llevaron a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata en el marco del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación, Cultura y Técnica de la Nación ;y por el otro está exposición está vinculada con mi tesis de Maestría en Educación Corporal que estoy cursando en la actualidad, cuyo tema está en relación con las prácticas corporales gímnicas y deportivas de los sujetos detenidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En segundo lugar la disciplina a la que pertenezco en sus primeros esfuerzos investigativos supo hacer pie en el paradigma positivista lo que trajo aparejado pensar a la corporalidad solo desde su aspecto orgánico-funcional y analizar al deporte como una actividad con determinadas características esenciales que atravesaban todo tiempo y lugar; y  el sólo hecho de practicarlo garantizaba beneficios ligados a la salud física, emocional y social, en palabras de Miguel Vicente Pedraz el deporte aparece como el medio por excelencia para normalizar a las poblaciones: “…demasiados flacos, demasiados bajos, demasiados activos, demasiados irascibles, demasiados…; nocivos conspiradores del régimen que es preciso rehabilitar, re-integrar, des-intoxicar…”. (1)   

Para terminar estas aclaraciones es pertinente mencionar que este trabajo  procura retomar cabalmente los significados que los propios actores sociales le atribuyen a sus prácticas corporales para así comprender la  subjetividad que aparece  en el encierro, para ello en esta ponencia se va a mostrar la construcción de ciertas categorías provisorias elaboradas a partir de registros de observaciones participantes y no participantes como así también  de entrevistas a profesores y sujetos detenidos.

DESARROLLO

En primera instancia es necesario aclarar algunos términos centrales en esta ponencia para que puedan comprender a manera de confesión teórica desde donde analizaremos el tema del cuerpo en la cárcel. Se trata de dos términos, el concepto de cárcel como institución y el concepto de cuerpo, y sus posibles relaciones.

Definiremos a la cárcel como lo hace Ervin Goffman en su libro Internados, como institución total, o sea como “un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutian diaria, administrada formalmente”. (2)
 
En relación al cuerpo podemos decir, retomando a Colette Soler, que “no se nace con un cuerpo, el cuerpo no es primario en tanto lo viviente es el cuerpo. El cuerpo se presenta a recibir la marca del significante, a ser un lugar de inscripción”. (3)

Sostenemos que el sujeto se constituye en un terreno resbaladizo de tensiones entre sus deseos y las estructuras del poder de la mencionada institución. Las normas sociales del encierro son elementos de control que aparecen en forma omnipresente en la vida del interno. En palabras de Foucault: “En cuanto a los instrumentos utilizados, no son ya juegos de representación… sino formas de coerción, esquemas de coacción aplicados y repetidos. Ejercicios, no signos: horarios, empleos de tiempo, movimientos obligatorios, actividades regulares, silencio, aplicación, respeto, buenos modales.”  (4) El panóptico del encierro imposibilita la posibilidad de transitar los espacios, manejar el tiempo de las acciones en definitiva en el argot carcelario: “la reja te come la cabeza”.

Pero dichas formas de coerción aparecen visibles en el cuerpo, se aprenden  y se resisten en el plano corporal, Loïc Wacquant retomando a Bourdieu sostiene que el orden social se inscribe en el cuerpo (5). En este sentido autores clásicos como Valverde Molina sostiene que el encierro genera problemas somáticos en la audición, visión, olfato y gusto entre otras cosas, es decir el cuerpo recibe el impacto de la pérdida de libertad.  (6)

Pero ¿cómo se inscribe en el encierro? O mejor dicho ¿qué huellas se tatúan en el cuerpo del internado? Para analizar esta pregunta se pudieron construir tres categorías:

1. El cuerpo macho.
2. El cuerpo de la descarga.
3. El cuerpo de la libertad.

1. El cuerpo macho

Es el cuerpo que todo lo resiste, es el cuerpo poderoso, el que se impone a los demás desde la fuerza, es el cuerpo pensado para dominar, está muy asociado con la idea de varón que no muestra el sufrimiento, porque mostrarse débil es perder, nunca hay que “cajetear” (7).  El cuerpo aparece como un capital que permite obtener ciertos beneficios, el capital físico, son dominios y acciones corporales que le garantizan posicionarse en el campo de la institución. Es un cuerpo para el otro. En palabras de Goffman, son prácticas defensivas: “En conjunto, las prácticas defensivas y protectivas comprenden técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo durante la presencia del otro.” (8)

Después de presenciar en un partido se le preguntó a un interno lesionado por una infracción  producto de un golpe de un rival que le había pasado y él  respondió:

No me pegaron, pisé un pozo.

En el mismo partido un interno elude a otro jugador y el jugador eludido golpea al otro porque no tiene derecho a eludirlo ya que es un “perejil”. (9)
 
Diego interno entrevistado menciona:

En los partidos algunos van a pegar y otros van a jugar al fútbol, algunos te aplican la chapa cuando juegan y salta el machismo y esas cosas.

En realidad la competencia que se establece de dominado-dominador  se da entre los internos, es decir no se aprecia escenas de violencia cuando es invitado algún equipo externo a la unidad penitenciaria, ya que el equipo que viene a compartir la práctica deportiva es parte de la visita y la visita es bien cuidada. Queda claro entonces que las redes de poder se intentan establecer a partir de la convivencia en el espacio carcelario.
 
En las prácticas deportivas se pueden apreciar situaciones que van más allá de la funcionalidad del juego, quiero decir que en los pases, en la recepción, en las distintas sociedades que hay que tejer para formar un equipo  se ponen en juego los lazos afectivos y emocionales que muestran claramente posiciones de poder.

En un partido de fútbol un interno pierde la pelota por un quite de un rival y un compañero le dice:

dale corré, yo no soy tu gato, no soy tu mulo. Pero en realidad no sólo se lo está comunicando a su compañero, él sabe perfectamente que en ese escenario, en ese lugar delante de todos él debe actuar así, la situación le exige dar muestra de su dominio.

Por lo tanto no importa el resultado deportivo, allí se están jugando otros partidos, otros beneficios, se gana y se pierde no por los goles hechos  o recibidos, el plano de lo deportivo se confunde con el plano del poder.

Hay que dar muestra de ser macho, la cárcel requiere un deber ser retomando a Elisabeth Badinter: “…ser hombre implica un trabajo, un esfuerzo” (10) . Esta aseveración que la autora sostiene en el ámbito de la sociedad se ve exacerbada en la cárcel, la vigilancia de los propios gestos, de los propios discursos corporales es total, se debe fabricar un verdadero hombre que se posiciona antes los demás en un escenario que todo lo muestra y que todos lo ven.

2. El cuerpo de la descarga

El cuerpo aparece como el lugar donde canalizar o descargar energías que permitan equilibrar o liberar tensiones que genera la pérdida de la libertad.

El cuerpo es la válvula de escape por donde fluyen o se gastan los elementos que cargan al cuerpo desde el encierro. Hacer gimnasia les permite descansar y “solucionar” a través del trabajo corporal problemas de otra índole; parecería que el cuerpo es el vector de la sublimación.

El Tucu, interno de la Unidad Nº 12, dice cuando fue entrevistado:
 
Hago gimnasia de lunes a viernes y probé con la gimnasia para largar la medicación siquiátrica y probé y me hizo bien.

A las unidades les hace falta actividad física, es una buena manera de salir adelante, a los pibes hay que hacerle tomar conciencia para controlar muchas cosas para poder salir adelante y limpiar el cerebro y desahogarte y pensar como tenés que pensar.

Diego interno de la Unidad Nº 12 aclara:

A través de la gimnasia te fortalece físicamente y estando el cuerpo bien la mente está mejor (…) La actividad física permite bajar los niveles de violencia, yo creo que es una manera de aguantar problemas, padecimientos que te hacen sentir mal y haciendo fierros canalizaba mi bronca.

El profesor de la Unidad Nº 9, por su parte, explica:

En el año 1996 esta unidad no se amotinó porque estábamos jugando las olimpíadas y estaban con la cabeza ocupada en esto.

José sostiene:

Prefiero correr para dormir, sino tengo que empastillarme.

Las distintas prácticas corporales gímnicas parecen ser el lugar donde refugiarse para sentirse en paz con sí mismo, es un lugar donde nadie puede invadirlos, es su lugar.

3. El cuerpo de la libertad

A partir de ciertas prácticas corporales los internos pueden evadirse en tiempo y espacio, las distintas prácticas permiten atravesar los muros, logrando llegar a espacios que no siempre se puede transitar y realizar un manejo de tiempo más placentero; este sentimiento no sólo en el plano estrictamente físico-edilicio sino en lo que respecta a las sensaciones individuales. El Chichón, interno de la Unidad Nº 12, le dice a su profesor de Educación Física después de terminar un partido de fútbol con alumnos del profesorado de Educación Física:

Gracias por hacerme pasar un sábado como lo pasaba en la calle.

El Tucu expone:

Me tendría muy nervioso, sin ánimo para mí es como una alegría uno siente en el cuerpo la vitalidad, el cuerpo me lo pide (…) Cuando juego bien [a las bochas] y aprendo es una satisfacción hacer lo que uno hace.

Diego dice:

En las cárceles de máxima seguridad bajás al patio una vez por semana o cada quince días durante dos horas y dicen deporte y todos salen al patio estás todo el día encerrado y dicen deporte es como  que te abren las puertas y te digan: “libertad sale todo el mundo”  (…) Trato de hacer las mismas cosa que hacía en la calle para sentirme libre.

Complementariamente, uno de los profesores de la Unidad Nº 9 explica:

Nosotros [los profesores de Educación Física] al no tener un rol de vigilancia y proponer actividades deportivas y recreativas les permitimos un espacio de recreación y diversión, no los vigilamos y establecemos un rol educativo-deportivo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN PROVISORIA

Es evidente que el encierro construye una corporalidad y los sujetos detenidos responden con determinadas prácticas para poder subsistir y adaptarse.

Lo que se pone en tela de juicio es de sostener que las prácticas deportivas y gímnicas tiene una esencialidad propia, que las caracteriza a pesar de cualquier contexto histórico y social.

El contexto carcelario textualiza como telón de fondo y no de forma periférica, el contexto es texto de las distintas relaciones que se establecen y permite reconocer significados de las acciones de los internos.  

Ahora, mientras la Educación Física se crea a sí misma como un medio de rehabilitación  y como un medio de reeducación de los sujetos detenidos sin poder comprender la lógica institucional podría quedar atrapada como un medio para el control y no como una educación emancipatoria.

Muchos docentes refugiados en discursos y prácticas que se alejan de la realidad o que reinventan desde posturas teóricas ingenuas o dogmáticas terminan siendo cómplices de las injusticias que el sistema político-económico genera y siguen reproduciendo un esquema  de poder que sólo beneficia a unos pocos. 

Santiago Achucarro
Profesor Adjunto de Educación Física
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de La Plata

NOTAS

(1) PEDRAZ, M. (1997) Poder y Cuerpo. El incontestable mito de la relación entre ejercicio físico y salud. En revista de Educación Física y Ciencia Nº2, Departamento de  Ecuación Física de la UNLP, La Plata.
(2) GOFFMAN, E. (1998)  Internados, Amorrortu, Avellaneda.
(3) SOLER, C. (1999) “El cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan”, en AA.VV. Estudios de  psicosomática.
(4) FOUCAULT, M. (1999) Vigilar y Castigar, Siglo Veintiuno Editores, México.
(5) WACQUANT, L. (2006)  Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador, Siglo XXI, Avellaneda.
(6) Cfr. VALVERDE MOLINA, J. (1997) La cárcel y sus consecuencias. Editorial Popular, Madrid.
(7) “Cajetear” se nombra a las actitudes femeninas, en relación al órgano sexual femenino (la cajeta, vulgarmente).
(8) GOFFMAN, E. (2004) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu, Avellaneda.
 (9) “Perejil” es el preso de poca monta.
(10) BADINTER, E. (1993) XY La identidad masculina, Editorial Alianza, Madrid.

Esta ponencia fue dictada en el marco de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales. Reproducida con permiso del autor.

Revista Encrucijadas: Bicentenario

En el último número de Encrucijadas autoridades, investigadores y los más relevantes profesionales de la UBA reflexionan sobre un hito de vital trascendencia para nuestra Nación. A lo largo de más de veinte artículos provenientes de todas las facultades de la universidad se pueden encontrar miradas retrospectivas que permiten conocer cómo era la medicina en 1810 o cuál era el debate político existente en la época. Otras notas repasan la evolución y el desarrollo de las diferentes disciplinas en estos 200 años de historia.

Además, reconocidos y destacados intelectuales abordan de manera específica hacia dónde debería dirigirse el modelo educativo y el perfil de los nuevos profesionales. También se realizan propuestas, análisis y reflexión sobre el modelo económico, científico o social que la Argentina bicentenaria debería encarar.

Este número propone además analizar este evento histórico en relación con los bicentenarios de los países vecinos y anticipar el propio bicentenario de la UBA, universidad que en 2021 cumplirá sus 200 años de constante aporte a la construcción de una Argentina para todos.

Imperdible también, la sección Grandes Maestros, con un encuentro de lujo. Dos maestros del derecho, el Juez Eugenio Zaffaroni y el decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, en una mano a mano imperdible hablan de la justicia, el país, la universidad y los recuerdos de sus épocas de estudiantes.

http://www.uba.ar/encrucijadas/47/index.php

Intesificación sostenible como respuesta al cambio climático: Necesidad de una estrategia que integre a las biotecnologías y herramientas acordes con la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y pecuarios

Básicamente hasta el presente en los grandes ecosistemas intervenidos de América Latina (pampa, chaco, patagonia, campos, cerrados, llanos, altiplano) el suministro de alimentos ha sido posible  gracias a la  ampliación de la superficie dedicada a la producción (crecimiento extensivo) por la cual  el sector silvoagropecuario y acuícola ha intentado satisfacer la demanda por alimentos bajo un continuo crecimiento poblacional. La intensificación de la producción por unidad de superficie no ha sido la constante ni el enfoque en los programas y políticas de desarrollo agrícola.

La continua expansión de la frontera agropecuaria ha conllevado a una presión significativa sobre los recursos naturales renovables, especialmente suelos y aguas, generando impactos negativos relevantes en su estado, y por ende en la capacidad de respuesta para sostener la producción futura de alimentos.

En el escenario actual de cambio climático cuyos impactos han sido estimados (Cuadro 1) recientemente  por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (1)  (2007a) se visualizan riesgos mayores sobre la seguridad alimentaria específicamente en las poblaciones rurales. Además, se afectarán las fuentes de energía disponibles, y las funciones ambientales de los ecosistemas de los territorios en desarrollo.

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Estas alteraciones (positivas o negativas) han determinado un escenario de mayor incertidumbre (riesgo) respecto a la sostenibilidad de la producción basada en los recursos naturales y el resguardo de la seguridad alimentaria, en función del surgimiento de condiciones de alteración de los agroecosistemas (2) (vulnerabilidad), así como por nuevas presiones debido a los requerimientos de intensificación productiva (amenaza) para sostener a una sociedad creciente en su demanda por alimentación y energía. Dado que la intensificación es un proceso que presenta limitaciones dadas por la tecnología, legislación y costumbres, para desarrollar una propuesta de “intensificación sostenible” se deben tener en cuenta diversos enfoques con una perspectiva integradora de los costos y beneficios que representa su incorporación, los derechos y deberes que se deben respetar y entregar, y las virtudes de las comunidades que podrán adoptarla (dimensión sociocultural).  En este sentido América Latina y el Caribe presenta una de la más diversa y compleja gama (Cuadro 2) de sistemas agropecuarios del mundo.

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La intensificación sostenible de la producción en agro sistemas intervenidos se la puede definir como un “conjunto de políticas, incentivos, tecnologías que permitan y/o promuevan el uso racional intensivo y sostenible de los recursos naturales y de la tecnología para asegurar la seguridad alimentaria local y nacional y el desarrollo económico en el marco de la conservación de los recursos naturales renovables”.

Se prevé que la intensificación sostenible de la producción puede ser una respuesta al cambio climático en algunos agroecosistemas intervenidos, si se acompaña de un conjunto de políticas, incentivos, y tecnologías que permitan y/o promuevan un uso racional intensivo y sostenible de los recursos naturales para asegurar alimentos a nivel local y nacional, en el marco de una producción económica y ambientalmente viable. Entre los 16 agroecosistemas indicados se puede visualizar que en  8 de ellos existen opciones válidas a traves de la estrategia de intensificación de la producción. Estos serían: i) con riego ; ii) basado en el uso de recursos forestales , iii) Intensivo mixto , iv) mixto cereales-ganadería (Campos) , v) templado húmedo mixto con bosque ; vi) mixto extensivo (Cerrados y Llanos); vii) templado mixto (Pampas); vii) seco mixto extensivo ( Chaco); y viii) sistemas acuícolas.

Un escenario de intensificación sostenible de la producción de esta magnitud podría ser una opción aplicable al 69% de la superficie productiva de la Región dónde habita el 50% de su población rural.

Considerando que un agroecosistema cumple una doble función: sostener el sistema productivo per-sé (función productiva), y brindar servicios ambientales al entorno (función ambiental), mediante sus características biofísicas y socioeconómicas, dentro de esta propuesta es central la pregunta: ¿cuáles son las tecnologías que permitirán dar sustento a la producción de alimentos, cuando se intensifica un sistema de producción sin disminuir la capacidad del territorio para conservar el suelo y mantener la diversidad biológica?

Esta estrategia reúne aquellas tecnologías o herramientas de intensificación acorde con la vulnerabilidad del propio agroecosistema, considerando características biofísicas y socioeconómicas sin poner en riesgo las funciones ambientales de la actual y futura intervención. En este contexto,  poder proponer la estrategia de intensificación sostenible acorde al riesgo ambiental de cada agroecosistema, significa contar con la determinación de categorías de riesgo, para las cuales se asociarán diversas herramientas o tecnologías existentes.

En primer lugar están las tecnologías que permitan un uso eficiente del agua y el suelo, sin afectar irreversiblemente sus características biofísicas, ya sea por su acción directa o indirecta a través de los residuos generados (líquidos, sólidos y gaseosos). Así, las tecnologías que promueven la eficiencia en el uso del agua a bajo costo de operación (bajo consumo de energía, variedades tolerantes a sequía), como aquellas que reemplazan al bromuro de metilo y permiten lograr sanidad del suelo sin eliminar gases a la atmósfera.

También se encuentran aquellas estrategias de producción que promueven un uso más eficiente de insumos (incluye al riego) a través de especies mejoradas que logran una mayor producción de materia seca por volumen de agua, o aquellas que logran una mayor respuesta a la aplicación de fertilizantes(N, P y K), o otras que se adaptan de mejor manera a condiciones edafoclimáticas extremas (periodos prolongados de inundación).

La intensificación sostenible de la producción requiere de contar a nivel del productor con tecnología apropiada y sistematizada para:

– manejar los sistemas productivos agrícolas, ganaderos y agroforestales a través de la incorporación de variedades resistentes a plagas y enfermedades, MIP, labranza mínima y agricultura de conservación, buenas prácticas agrícolas y ganaderas considerando la valoración económica, social y ambiental de las prácticas promovidas. 
– integrar tecnologías existentes tales como: aumento del rendimiento de los cultivos a través del  mejoramiento de la gestión, cultivos genéticamente modificados con liberación comercial regulada y apropiados a las condiciones de los pequeños y medianos productores, sistemas de recomendación de fertilizantes y agricultura de precisión.
– aumentar la productividad animal a través del mejoramiento nutricional de ganado, aditivos dietéticos e impulsores de crecimiento, aumento de fertilidad animal, fuentes de alimentación bioenergéticas, digestión anaerobia de lodos, sistemas de captura de CH4 y nuevas tecnologías para eliminar metano CH4, tales como aceites en ración alimenticia animal.
– considerar las experiencias relacionadas al desarrollo de mercados dónde se transan los servicios ambientales generados por un agroecosistema en particular. Lo anterior, poniendo especial énfasis en el tipo de servicio, los sistemas de valoración socioeconómica existentes, las metodologías para determinar la disposición a pagar, la legislación que sustenta los derechos sobre los servicios, y los mecanismos utilizados para activar y mantener dicho mercado.

Es importante considerar a priori la utilización de indicadores que permitan verificar los avances en la implementación de las estrategias sobre intensificación sostenible. Estos indicadores deben permitir medir la vulnerabilidad de cada agroecosistema, el riesgo ambiental, y los impactos obtenidos

(intensificación de la producción, ganadería ovina sostenible, desempeño económico, factibilidad de aumento de la tecnificación, fragilidad de laderas, entre otros).

La intensificación sostenible implica la creación y/o el fortalecimiento de instituciones o incentivos adecuados al sector privado y adquirir conocimientos básicos sobre tecnologías adaptativas tales como:

– Evaluar las posibles consecuencias económicas y formular planes de acción con varios frentes para informar al sector privado y promover la adaptación. Esto podría incluir el fomento de las prácticas agrícolas destinadas a producir cultivos resistentes a la variabilidad climática (por ejemplo, las resistentes a la sequía), el uso más eficiente de recursos hídricos o, en los casos más extremos, la reasignación de mano de obra y el capital agrícola a sectores más productivos con mayores ventajas comparativas.
– Promover que las señales emitidas por los precios incentivan la adaptación a estas tecnologías. Esto puede afectar la política fiscal, el marco normativo, los sistemas de seguros (por ejemplo, podría ser útil eliminar los sistemas de seguros que fomentan el desarrollo en regiones expuestas a inundaciones costeras), y el régimen de derechos de propiedad.
– Incentivar la investigación y el desarrollo para aprovechar o crear tecnologías en los sectores energético, hídrico, agrícola, forestal y ganadero. Los objetivos consistirían en crear nuevas variedades a traves de mejoramiento genetico asistido por biotecnologia de cultivos o razas animales que puedan adaptarse a los cambios probables en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, economizar recursos hídricos y combustibles fósiles, controlar la infestación por plagas, y adaptarse a los efectos de un clima más cálido. Para alentar la investigación en estas áreas, podría ser necesario otorgar subvenciones a universidades e institutos de investigación u obtener financiamiento de la comunidad internacional.

Dado que la producción agropecuaria, forestal y acuícola de agrosistemas intervenidos en ALC  esta limitada por la adopción de biotecnología, legislación y costumbres, el desarrollar una propuesta de “intensificación sostenible” implica tener en cuenta los diversos enfoques con una perspectiva integradora de los costos y beneficios que representa su incorporación, los derechos y deberes que se deben respetar y entregar,  las virtudes de las comunidades que podrán adoptarla (dimensión sociocultural) y sin afectar la sostenibilidad de los ecosistemas y paisajes productivos, y a la vez garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población.

Referencias

(1) Documento “Cambio Climático 2007: Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad” correspondiente al segundo volumen del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.

(2) Agroecosistemas  son aquellos ecosistemas intervenidos y no intervenidos cuyo uso sea para agricultura, ganadería bosques, y ambientes acuícolas terrestres.

Juan Izquierdo Fernández

Oficial Principal de Producción y Protección Vegetal,
Oficina Regional de la FAO para America Latina y el Caribe

El impacto de la agricultura en la salud humana

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Las facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires presentaron un valioso proyecto destinado a estudiar el empleo de agroquímicos y sus posibles efectos ambientales sobre la salud humana.

La iniciativa, que lleva como título “Impacto en el ambiente y en la salud de la población de los modelos productivos agropecuarios en la Argentina”, demandará el trabajo conjunto de un equipo de investigadores de la UBA, convocados por ambas facultades.

Lorenzo Basso, decano de la Facultad de Agronomía, explicó: “La finalidad de este programa es crear vínculos de cooperación para concretar acciones conjuntas que permitan identificar, ponderar, anticipar y mitigar impactos ambientales y sobre la salud de la población urbana y rural, por el desarrollo actual y futuro de los modelos productivos en las distintas regiones del país”.

En función de ello, se conformará una Unidad Eco-Epidemiológica para ser adoptada por el sector público, para la transferencia de herramientas de evaluación y mitigación de niveles de toxicidad por el impacto de los agroquímicos más empleados en la Argentina, como los herbicidas glifosato y atrazina.

Alberto Boveris, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, señaló que las investigaciones pondrán una especial atención sobre zonas que poseen una larga historia agrícola, y que en los últimos años tuvieron un fuerte proceso de intensificación, como la localidad bonaerense de Pergamino. Para ello se contará con la colaboración de INTA Pergamino y el Hospital Zonal de Pergamino.

Durante la presentación del proyecto, se destacó la necesidad de establecer un mapa regional de contaminación, como uno de los objetivos específicos del programa de investigación, y de analizar las interacciones de dichos agroquímicos con las propiedades del suelo y otros aspectos para conocer el riesgo de contaminación en los agroecosistemas.

También se subrayó la importancia de mejorar la articulación de los organismos públicos con los productores agropecuarios, para enfrentar la vulnerabilidad y disminuir el riesgo.

Otro de los objetivos específicos del proyecto es actualizar o mejorar la legislación vigente referida al empleo de agroquímicos, de manera de optimizar su uso, evitando posibles efectos adversos debido a las malas prácticas de aplicación por falta de normas o controles.

Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, comprometió el apoyo del ministerio al proyecto, y destacó la interdisciplinariedad de las unidades académicas de la UBA y el rol social de la universidad, para la elaboración de un estudio serio.

Cápsula Modular Sustentable

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Un equipo de la Unidad de Arquitectura para Zonas Extremas ARQ-X de la Universidad santa María, diseñó, construyó y colaboró en terreno con el montaje final de una cápsula modular sustentable para el monitoreo de glaciares por parte de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de Aguas del MOP.

Un proyecto licitado a través de Chilecompra que permitió al equipo liderado por el Ing. Pedro Serrano diseñar y construir pieza por pieza una unidad transportable, energéticamente sustentable, con sistemas innovadores para el manejo eficiente de agua y uso intensivo de la energía solar, tanto para la obtención de energía eléctrica como para el procesamiento de agua.

El proyecto corresponde a una estrategia territorial importante, que se asimila al tema de la sustentabilidad que debe tenerse en cuenta en instalaciones de este tipo, en lugares recónditos, intocados, donde las estrategias tradicionales de energía, sanitarios, basuras, e incluso el modo de asentar en el suelo debieran causar el menor impacto ambiental posible, Un asunto que está dentro de los desafíos del proyecto MECESUP USA 0604.

El equipo

El arquitecto Fernando Hammersley se encargó de la planimetría CAD de detalles y los sistemas productivos de partes y piezas, articulados como joint venture de diversos talleres externos e internos, entre estos el Laboratorio integrado del Departamento de Arquitectura UTFSM, que está compuesto por el Laboratorio Digital, el Laboratorio de Materiales y el de Bioclimática, el profesor arquitecto Alejandro Veliz desarrolló las modelaciones 3-D y los manuales de terreno, y la también arquitecto USM Jessica Fernandoy desarrolló la gestión administrativa. P. Serrano desarrolló la idea central y coordinó los procesos de proveedores, diseño e implementación.

Equipo UTFSM Fernando Hammersley, Leo Castillo, Pedro Serrano

Empresas colaboradoras: Astilleros Conavre de Concón, Solener, Aero domo y otros talleres locales.

La idea en el diseño fue lograr un sistema modular ensamblable que permitiese, con piezas fácilmente maniobrables, el transporte a largas distancias, el armado fácil con herramientas simples, y una concepción de ligereza que permitiese al habitáculo posarse en el terreno sin intervenirlo. El modelo tiene 6 patas extensibles con adaptadores al tipo de terreno (hielo, nieve, arena, tierra, roca). Usando una fuerte aislación térmica, ventilación natural regulada, energía solar para el manejo de agua y energía eléctrica fotovoltaica y un sanitario solar seco, los sistemas que se integran a la cápsula la hacen altamente sustentable en zonas remotas.

El equipamiento modular, en el caso de esta implementación, está diseñado para cobijar a 4 científicos que lleven adelante el monitoreo del glaciar. El modelo se instaló sobre material glaciar disgregado en la base del glaciar Jotabeche en la III a Región. Su estructura modular permite además trasladarlo a otro lugar, ya sea desarmado o completo, puede ser transportado por vía aérea o terrestre, pesa no más de 630 kg y está pensado para, en caso necesario, ser transportado por un helicóptero de alta sustentación.

Instalar el módulo glaciar a 4700 metros sobre el nivel del mar, fue una faena difícil y dura, la falta de aire, la puna, y los problemas asociados al frio el viento y la altura, hicieron que las faenas fueran más lentas que lo esperado. En esto fue fundamental contar con la colaboración de Minera Casales, quienes prestaron su apoyo en su campamento a 4000 de altura. El equipo de la expedición fue formado por Yerin Carvajal, Alejandra Aguilar, Luis Carrillo y José Bustos del MOP, más Fernando Hammersley, Leonardo Castillo y Pedro Serrano de la UTFSM.

Los glaciares

Según un reciente informe del Ministerio de Obras Públicas, el 92 por ciento de los glaciares de Chile están en retroceso, el 7 por ciento se mantiene y sólo un 1 por ciento ha avanzado. Se ha prospectado hasta ahora sólo un centenar de glaciares con una extensión de 16.860 kilómetros cuadrados. Chile posee junto a Argentina y Canadá las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta. Según las estimaciones, el país cuenta con 1.720 glaciares, que han sido identificados entre la región de Atacama y Puerto Williams.

Los glaciares chilenos son una importante reserva de agua dulce, que de acuerdo a los datos enunciados, presentan en su mayoría marcados deterioros. En una época donde el calentamiento global está impulsando un cambio climático, que en Chile hace retroceder a la mayoría de estas importantes reservas de agua limpia, el Estado de Chile, por iniciativa de la Presidenta Michelle Bachelet, ha manifestado su preocupación por ello, iniciándose una Unidad de Nieves y Glaciología en la DGA del MOP.

La universidad Santa María plantea mantenerse a la cabeza de la Innovación tecnológica al servicio del país. Esta iniciativa concretada por sus profesionales para la unidad de glaciología y Nieves de la DGA del MOP, es una buena muestra de que se pueden enfrentar exitosamente desafíos conjuntos.

Pedro Serrano R
Académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María
Presidente del Directorio de Fundación Terram

La Habana: VII Jornada Provincial de Lucha contra el Tabaquismo

La VII Jornada Provincial de Lucha contra el Tabaquismo en Ciudad de La Habana tuvo lugar el viernes 17 en la sede del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, ubicado en Infanta, entre Clavel y Llinás, Centro Habana, Cuba.

Durante el encuentro especialistas, funcionarios de Salud Pública y de otros organismos, médicos, enfermeras, estudiantes y profesores de Ciencias Médicas y profesionales de la prensa, intercambiaron criterios en torno a la batalla que se libra en el país, y en particular en la capital, contra esa afección.

El doctor Mariano Bonet Gorbea, del Ministerio de Salud Pública, informó los resultados de una encuesta nacional de factores de riesgo y aspectos relacionados con el tabaquismo, mientras que la Máster en Ciencias Oria Susana Acosta habló sobre la situación actual de esta problemática en Cuba.

El programa científico de la jornada provincial de lucha contra el tabaquismo en Ciudad de La Habana contó la exposición, por un grupo de expertos, de los principales resultados de investigaciones realizadas acerca del asunto, y las experiencias de la comunicación social en materia de la educación del pueblo.

Tuvieron  intervenciones el profesor doctor Cosme Ordoñez sobre el hábito de fumar: suicidio o autoengaño, el doctor José A, Gutiérrez referida a sexualidad y tabaquismo, y la doctora Marina M. Calvo con un Circulo de Interés de Estilo de Vida y salud: experiencias con adolescentes.

También en el encuentro capitalino, bajo el título de ¿Es posible dejar de fumar? se exhibió un video en el cual un grupo de personas atendidas en las terapias de deshabituación tabáquica lograron poner fin a esa adicción.

Agradecemos la información enviada por la Dra. Oria Susana Acosta, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo en Cuba.

Violencia y sistema penal: Fundamentos ideológicos de las políticas criminales de exclusión social

Desde hace ya varias décadas, en particular en los países occidentales, se verifica una constante y creciente utilización de los sistemas penales para encarar buena parte de la difusa conflictividad que atraviesa nuestras sociedades (cfr. Bergalli, 2003). Esta observación tiene que ver con el abandono paulatino del ius puniendi para castigar hechos de propia naturaleza punible y orientar la violencia penal hacia situaciones que básicamente no revisten esa entidad, para ser empleada respecto a grupos de personas que revisten características propias a una nueva marginalidad o al rechazo social de naturaleza étnico-cultural-religioso. Estas manifestaciones se producen mediante un abandono de la tradición iluminista y liberal del derecho a castigar, la cual estuvo siempre concentrada en la responsabilidad individual por la comisión de actos delictivos y dirigida a la aplicación de consecuencias punitivas a sus autores, cómplices y partícipes, es decir a acciones delictivas previamente previstas como tales y proporcionalmente sancionadas en abstracto por el orden jurídico penal del Estado moderno. Las profundas transformaciones generadas por los procesos de globalización económica, las perversas consecuencias sobre los seres humanos Baumann, 1998)  y la transfronterización de las persecuciones punitivas (Höffe 1991; Becucci/Massari, 2003) fue desplazando la violencia de los sistemas penales sobre quienes, por pertenencia étnica, cultural o económica a sectores deprimidos -todos ellos y ellas quienes han pasado a ser identificados como los explotados o excluidos del planeta- son considerados en los tiempos presentes como los estereotipos de la criminalidad considerada como la más grave: tráfico de drogas prohibidas, bandas organizadas para la realización de actos terroristas, conductas sumamente violentas contra la propiedad y/o la vida humana, etc. Para el caso no resultan pertinentes las distinciones entre países centrales y periféricos, todavía útil para explicar los movimientos del capital, la radical concentración de la riqueza y el cada vez más aberrante usufructo del trabajo humano. Mas,  la aplicación de la violencia punitiva a grupos muy caracterizados por su origen nacional, étnico-cultural y religioso parece cada vez bastante más uniforme y para explicarla no caben aquellas distinciones aunque sí sea oportuno destacar que la producción teórica que ideológicamente la fundamenta es el resultado del desarrollo de las disciplinas jurídico-penales y criminológicas en algunos centros de producción de aquel tipo de conocimiento.

En esta contribución sólo voy a analizar las razones principales de orden estructural que están en la base de la transformación de las políticas criminales contemporáneas, las cuales son, como ya he adelantado, las necesarias consecuencias de los movimientos del capital, de la radical concentración de la riqueza y de la cada vez más aberrante explotación del trabajo humano. En consecuencia, desde un principio conviene dejar subrayado que las estructuras económicas desarrolladas por el modelo social construido por las reglas de los últimos mercados neoliberales se caracterizan por una flagrante preponderancia de la exclusión, antes que por una búsqueda de la inclusión social. Interesa señalar aquí que cuando uso la expresión “reglas del mercado” no estoy aludiendo a aquellas de la oferta y la demanda libres que regularon la incipiente construcción del capitalismo liberal. Las previsiones de Adam Smith, John Suart Mill y los demás padres del liberalismo económico han sido radicalmente desvirtuadas en su sentido original por las circunstancias en las que se encuentra el capitalismo de concentración.  Cuando en las situaciones actuales de la economía mundial se alude al “mercado” ya no cuentan los parámetros de la ley de la oferta y demanda libres, pese a los auspicios de algunos patrocinadores contemporáneos de aquel liberalismo (los más conspicuos han sido Friedman, M./ Friedman, R.  1980). El (los) mercado(s) se caracterizan en el presente por su(s) composición(es) de una oferta propuesta por la grandes corporaciones y oligopolios capaces de generar una producción de bienes y servicios a través de las fronteras, los que sólo podrán rendir beneficios en la medida que su origen sea el resultado de los más bajos costes, tanto en las materias primas como en el empleo de una fuerza trabajo mínimamente retribuida. Mientras, la demanda de tales bienes y servicios se limita a aquellos sectores sociales  que poseen una suficiente capacidad adquisitiva como para poder adquirirlos, los cuales constituyen secciones muy restringidas de las sociedades contemporáneas.

Así las cosas, las señas de identidad del sistema económico presente son, por una parte, la concentración de la riqueza en pocas manos y, por la otra, la difusión de la miseria en las más vastas mayorías que han pasado a conformarse con los nuevos excluidos sociales. En unas pocas palabras, la globalización económica, impuesta desde ese proceso de concentración manifiesta, ha generado una estratificación de las desigualdades que crecen hasta el punto de generar este fenómeno de exclusión social (cfr. Gallino 2000: 51-96), al cual se pretende replicar con mayor empleo del sistema penal.

Pues bien, de todo esto pienso ocuparme en lo que sigue, o sea de cómo los sistemas penales contemporáneos han dejado de ser un control punitivo-estatal con fines de resocialización o reintegración social para sus clientes, pasando a constituirse en formidables agentes profundizadores de la exclusión social, ésta como rasgo esencial de los modelos de sociedad implantados por las reglas del mercado neo-liberal y la desaparición de aquellos modelos que se regían esencialmente por las normas del Estado.

1) La sociedad del mercado neoliberal.

El residuo o resultado de semejante transformación es el de una perversa y obscena utilización de los sistemas penales como los ámbitos de mayor violación de los derechos humanos. Por lo tanto, el avance de la sociedad de mercado promueve el delito, y así ha sido demostrado como aconteció para los Estados Unidos mediante cinco procedimientos (Currie 1998 130-142), los cuales han parecido coincidir para el Reino Unido (Taylor 1998: 234-235). Estos son:

– La “sociedad de mercado” promueve el delito de los poderosos produciendo un significativo crecimiento de la desigualdad mediante el proceso de generar concentraciones bastante destructivas de manifiesta privación económica;
– la “sociedad de mercado” ha estado erosionando la capacidad de las comunidades locales para suministrar apoyo a la gente sobre bases informales, mediante recursos cívicos y municipales. La destrucción de los recursos locales ha sido uno de los elementos centrales, causantes de la inhabilidad de las comunidades locales para facilitar la socialización y la supervisión de la gente joven, la que actualmente se reúne en las esquinas de las ciudades y los estacionamientos suburbanos, amenazando dificultades y provocando miedos o ansiedades;
– en términos de los efectos sobre el mercado laboral y sobre los recursos para la atención de los niños, el progreso de la “sociedad de mercado” ha constituido un elemento clave en las tensiones y presiones que ha debido soportar la “unidad familiar”. Los problemas de la fragmentación familiar, ampliamente informados, incluyendo la rápida aparición de la familia monoparental como un “problema social”, fueron claramente conectados con el impacto que tuvo el desencadenamiento de las fuerzas del mercado sobre los modelos de vida de los norteamericanos de clase baja y las comunidades étnicas establecidas
– el desarrollo de la “sociedad de mercado “en los Estados Unidos (p.ej., en la presión ejercida para privatizar los servicios sociales en muchas ciudades norteamericanas) se ha mantenido mediante el rechazo a cualquier clase de prestaciones estatales o públicas para aquellos que han perdido su puesto de trabajo como resultado del avance de las fuerzas del mercado; y,
– la “sociedad de mercado” en los Estados Unidos favoreció la institucionalización de lo que Currie llamó una “cultura de la competencia darwinista” por el status y los recursos, en particular por su constante aliento de un nivel de consumo que la economía de mercado ha sido incapaz de proporcionar a todos los ciudadanos, al menos por canales legítimos.

Véase, ahora, en concreto, lo acontecido con los sistemas penales contemporáneos.

2) Los sistemas penales de la segunda post-Guerra mundial.

La gestación de los sistemas penales modernos, a comienzos de la Modernidad, llevó consigo un claro designio secularizador y de tratamiento igualitario a quienes eran objeto de control punitivo. Sus fines más evidentes fueron el de eliminar la venganza privada y establecer precisos límites a la intervención punitiva de los Estados modernos (principio de legalidad). Sus propuestas, como provenientes del Estado laico, fueron las de producir una neta distinción entre delito y pecado, como también entre pena y penitencia. Los dos primeros conceptos -delito y pena-, respondiendo al principio de legalidad, podían únicamente ser empleados una vez que el ordenamiento jurídico-penal los hubiera establecido de forma abstracta (cfr. Ferrajoli, 1990, en su articulado análisis de todos estos aspectos).

Estos principios rectores, pisoteados por el derecho penal autoritario de los Estados totalitarios de entre guerras, fueron restablecidos por el constitucionalismo social desarrollado en la segunda post-Guerra mundial, y constituyeron las bases de un nuevo sistema penal orientado a una pena-fin, mediante la cual, además de cumplir ésta con su fundamento de naturaleza retributiva, también debía servir para alcanzar el objetivo rehabilitador o resocializador. De esta manera, la intervención punitiva estatal debía recoger las propuestas del modelo integral de ciencia penal (Gesamtestrafrechtswissenschaft) de principios del s. XX, agregando todavía los aportes que las disciplinas de la conducta podían suministrar para hacer comprender a los condenados a penas privativas de libertad la necesidad de corregir sus comportamientos y así poder llevar, después de su liberaciones, un vida sin delitos. Estas fueron las propuestas que, inscriptas en las constituciones de los Estados democráticos y de derecho, recogieron los ordenamientos jurídico-penales de Europa continental.

De modo contemporáneo a la reconstrucción de los aparatos productivos, tanto el progreso industrial como el desarrollo económico exigieron que los Estados fijaran las reglas con las cuales se pudiesen regular las relaciones entre los actores de tales procesos. Además, las iniciativas privadas fueron complementadas por las públicas, de modo que los Estados también fueron partícipes de actividades en los campos de la producción y circulación de bienes, todo lo cual, a su vez, generó unos recursos que, de manera participativa, se pudieron aplicar a las políticas sociales. La recomposición de los mercados de trabajo y el avance de una legislación laboral progresiva produjo un enorme salto de cualidad en los niveles de vida. De tales formas es como la idea del bienestar se convirtió en una meta a cumplir por los Estados democráticos.

Este sintético cuadro de la situación europea en la inmediata post-Guerra mundial posibilitó que los sistemas penales pretendieran alcanzar los objetivos resocializadores, los cuales fueron atribuidos a la ejecución del encierro carcelario, algo absolutamente imposible de cumplir mediante el aislamiento o secuestro institucional. Este aspecto es el que muestra con más evidencia hasta cuál punto la ideología resocializadora estaba ligada a un modelo de sociedad de bienestar, aunque al mismo tiempo también lo estaba a una orientación correccionalista.

3) La criminalización en el tiempo de la globalización.

Los fenómenos consecuentes a la globalización, como se ha anunciado, están comportando en el presente unas desigualdades mucho más profundas que aquellas que siempre han existido en todo tipo de sociedad industrial realizada. Pero, a su vez, dan lugar a formas de criminalización todavía más rígidas y excluyentes a las que siempre han tendido los sistemas penales, sean los propios a las sociedades liberales del s. XIX, sean aquellos relativos a los de las sociedades del bienestar del s. XX. Aludo aquí a los dos tipos de criminalización conocidos: primaria y secundaria, es decir a aquellos relativos a la creación del derecho penal material, con el cual se amplían los márgenes de actuación de los sistemas penales, como seguidamente a los que se constatan con la intervención de las policías, las jurisdicciones penales y las instituciones carcelarias.

Mas, esta orientación que ya los sistemas penales contemporáneos habían revelado desde por lo menos unas décadas anteriores, sufrió una agudización extrema a partir de lo que ya se conocen como las consecuencias penales de los sucesos del 11. septiembre de 2001, al ser atacadas las Twin Towers de New York. Si el nuevo imperialismo desarrollado hasta entonces desde los centros del poder mundial, instalado en el seno de las empresas multinacionales y de las instituciones militares de los Estados Unidos, había dado muestras de total menosprecio por un número de países cuyas dependencias de las actividades económicas y bélicas norteamericanas cuyos intervencionismos eran patentes, después de aquellos luctuosos sucesos esta capacidad se convirtió en el eje de un impulso agresor, todo por el petrolio (v. Harvey, D. 2003). Afghanistan y últimamente Irak lo muestran con toda evidencia.

Pero, junto a tal agresividad, el comportamiento que se ha exhibido, por lo menos hasta la transmisión del poder político en 20 enero 2009 desde la White House y, en especial desde otras instituciones y centros de poder que actúan en su entorno como actividad satelitaria para la difusión de la ideología bélica, han influido hasta el presente de una manera decisiva y en general, sobre las filosofías punitivas de los Estados occidentales.

Una primera expresión de tal agudización, siguiendo la distinción hecha en relación a los dos niveles de los sistemas penales modernos (abstracto o estático y concreto o dinámico), se ha verificado en el terreno del derecho penal material. Esta expresión tuvo, sin embargo, precedencia a los sucesos del 11. septiembre de 2001 y comenzó a verificarse con las transformaciones propias de la globalización económica. La reclamada ineficacia del derecho penal para controlar el aumento de la criminalidad comenzó a verificarse mucho antes de esos hechos. Ello tuvo lugar a partir que los efectos de la globalización  se hicieron sentir sobre la existencia y alcance del concepto de derecho, en particular en lo que atañe a su producción y aplicación. En efecto, desde el momento que el desarrollo de la economía globalizada impuso la necesidad de que las reglas jurídicas alteraran su racionalidad, en el sentido que no sólo debían concretarse a amparar relaciones limitadas al ámbito de los Estados nacionales y extender su alcance a aquellas que iban más allá de las fronteras estatales, las nociones clásicas de la cultura jurídica, en cuanto a espacio y tiempo, se demostraron insuficientes. Esto ocurrió, primero en el campo del derecho privado, en lo que se refiere a la regulación de contratos y obligaciones. Mas, de inmediato también el derecho público reveló su inadecuación para limitar situaciones que siempre habían caído bajo el control estatal. Por otra parte, los cambios de la tecnología facilitaron unos movimientos de bienes y servicios muy difíciles de vigilar, como asimismo multiplicaron ciertos recursos que usados de manera imprudente o irresponsable generaron daños a personas, grupos humanos o bienes colectivos que muchas veces ni siquiera están situados donde se producen tales recursos.

4) Lo acaecido con el sistema penal de España.

Un caso particularmente demostrativo de la necesidad de modificar la legislación punitiva ha sido el español. Desde que se inició la denominada transición democrática, los cambios introducidos en el Código Penal, iniciados con la reforma de 1983, adquirieron un sesgo creciente de inflación punitiva, pese a que en el plano de las garantías se elevó su nivel en coherencia con la exigencia de respeto a los derechos fundamentales introducida por la Constitución de 1978. No obstante, reformas ulteriores aumentaron el número de tipos delictivos hasta alcanzar en septiembre de 2003 (cfr. Código Penal 2003) los 623 artículos con el nuevo Código Penal –conocido como el Código Penal de la democracia-  de 1995 (LO 10, de 23 de noviembre) el cual entró en vigor en 24. mayo de 1996. En los años que corrieron hasta el presente se han introducido todavía una serie de reformas que han hecho, aún más, aumentar esos tipos penales, tanto en número como en gravedad. Lo cierto y concreto es que, mientras el Código Penal de 1995 fue presentado como más benigno, en relación a la legislación penal del franquismo, en la actualidad el ordenamiento punitivo español revela un rigor inesperado para un sistema penal de un Estado social y democrático (1).  Pero, en los últimos meses del año 2003, esa agudización fue aún más grave, habiéndose llegado a las propuestas del precedente gobierno conservador que fueron aceptadas por la oposición de centro-izquierda.  La que tampoco ha podido modificarlas después del terrible atentado en la estación de Atocha (Madrid), en 14 Marzo 2004.  Todas ellas tradujeron  una manifiesta criminalización y endurecimiento de penas para comportamientos que van desde algunos vinculados a la vida cotidiana (violencia familiar) hasta otros que se relacionan con los afectados por las modalidades terroristas (2). En estos últimos es donde se comprueba la adhesión declarada del anterior gobierno español a la estrategia bélica aplicada desde la White House y el propio Pentágono. Como es ya de dominio internacional, para imponer doquiera que sea necesario el predominio sobre los recursos energéticos, necesarios para mantener el ritmo de la producción y sanear así la maltrecha economía norteamericana, el empleo de lo que se denominó como guerra preventiva (o acciones anticipatorias, según la versión dada por el entonces Presidente Aznar del Gobierno español, v. El País 2003) se ha articulado sobre la base de considerar toda y cualquier resistencia como expresión de un terrorismo internacional que se asocia con los atentados a las Twin Towers. Este punto de vista se ha introducido en las políticas domésticas de aquellos países cuyos gobiernos se han asociado con la estrategia mencionada. De aquí en más, el tratamiento de las infracciones más leves, pasando por los delitos comunes y de calle, hasta confundirlos con los que puedan realizar quienes integran organizaciones armadas motivadas políticamente, todos son encarados desde la óptica de la alarma social y el terror. En efecto, el discurso que subyace a todos los enunciados de gobierno (tanto el del anterior Ejecutivo de los Estados Unidos, como el de tendencia conservadora que fue en precedencia al presente de España) sobre cualquiera de estos tipos de comportamientos, han sido nivelados desde la óptica del terror. A esta altura de tales circunstancias a nadie se le escapa que semejante argumentación discursiva es tan incongruente con los fundamentos retributivos, cuanto con los fines preventivos pero siempre garantistas de todo sistema penal democrático, propio a un Estado social y constitucional de derecho. Empero, la construcción de un tal discurso ha requerido de una fundamentación teórica, la cual es necesario al menos presentar aquí a fin de comprender la naturaleza ideológica con que se pretende justificar el rigor punitivo con el que se encara básicamente el uso de los sistemas penales.

 No obstante, antes de ello conviene todavía puntualizar que las visiones de la originaria sociedad industrial y de mercado de los s. XVIII y XIX, con libre oferta y demanda, pero alimentada por la explotación del trabajo asalariado, requirieron de un control punitivo que fue elaborado por un derecho penal liberal concentrado en la protección de bienes jurídicos individuales y un conocimiento criminológico ensimismado en la búsqueda de las causas individuales del comportamiento criminal. Los excluidos del mercado de trabajo, no propietarios de bienes y sólo de su fuerza trabajo convertida en mercancía, se constituyeron así en la clientela de los sistemas penales. De tales maneras fue que se nutrió la ideología con que aquel control punitivo se proyectó y ejerció, por lo menos hasta la segunda post-Guerra mundial. Es decir, un control prioritario sobre el proletariado y con el específico fin de dar fuerza al binomio cárcel y fábrica, como eje de la necesaria disciplina social; de tal modo, quien no aprendía las reglas de comportamiento social en el mundo fabril, pues entonces las debía aprender en el ámbito carcelario. Por tanto, si bien en las sociedades industriales y luego en las denominadas como del bienestar, se acrecentó una más vasta participación en los procesos de acumulación de riqueza, aunque siempre limitada a clases sociales medias-altas, el delito de los asalariados y los delincuentes definidos como tales pero provenientes de las clases subalternas fueron considerados como el campo preferente de intervención para las instancias del sistema penal, por no ser parte de aquellos procesos. Una muestra explicativa de esta preferencia se puede encontrar, dentro de la filosofía punitiva así orientada ideológicamente, en el conocido como fin de la ejecución de penas, asentado en el principio de la resocialización o readaptación social del condenado (antes señalado en apartado 2), el cual se articuló sobre un tratamiento penitenciario prioritariamente orientado hacia el retorno a una vida social en la que el trabajo dependiente fue una constante. Así estuvo constituido el horizonte de actividad de un vasto número de sistemas penales en Occidente.

5) La estrategia del terror y la severidad punitiva.

Si es verdad que la estrategia del terror a la que se está aludiendo se ha revelado como inconsistente, asentada sobre falsedades o mentiras (y lo que está sucediendo en Irak así lo prueba), como la justificación de la guerra sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, sin embargo ella no ha carecido de justificaciones teóricas. En efecto, por una parte es la recreación de un derecho penal del enemigo (cfr. por todos  Muñoz Conde 2003) y, por la otra la articulación de políticas de tolerancia cero asentadas sobre el denominado actuarialismo criminológico, propuestas éstas que permiten alentar intervenciones punitivas desprovistas de los fundamentos y fines con que se afianzaron los sistemas penales modernos. Sobre estas anti-democráticas justificaciones existen abundantes juicios negativos (cfr. De Giorgi 2000; 2002; esp. Young 2003),  y a ellas se hará alusión a seguido. Sin embargo, algunos años antes se había advertido del papel altamente polémico que podía desempeñar la zero Tolerance como concepto penal en el marco de lo que se denominó como ‘kleinen’ Kriminalpolitik poniendo en peligro los principios del derecho penal del Estado de derecho (cfr. Hassemer 1998).

En efecto, es en esos dos niveles de justificación de la más reciente severidad punitiva donde anidan los fundamentos ideológicos que han permitido la utilización de la violencia propia a todo sistema penal para profundizar las más aberrantes formas de exclusión social.  De tal modo, corresponde indagar acerca de las visiones del mundo social que proyectan ambas propuestas con el fin de encontrar, tanto en el nivel de la teoría jurídico-penal cuanto en el ámbito del conocimiento criminológico, el verdadero sentido de la violencia penal contemporánea.

Un derecho penal del enemigo no es, como se sabe, de creación reciente. Arraiga en la ya afirmada antinomia “amigo-enemigo”, sostenida en términos políticos por Carl Schmitt (1942: 129). Dicha contradicción ha pasado a justificar la gestación de un derecho penal del enemigo en la creencia que en toda sociedad ha de ser considerado “enemigo” quien se aísla del derecho que regula las relaciones entre quienes se someten al mismo y que por este dato, precisamente, se identifican como “ciudadanos”. En pocas palabras, “derecho” es sólo lo que vincula a los “ciudadanos” o personas reconocidas como tales (datos estos esbozados por Jakobs, G. 1985: 751-785 y en una más reciente, amplia pero modificada versión de su posición, en su contribución de 2000: 51 ss.) de donde se extrae que el “enemigo”, quien se manifiesta como tal en el mismo medio en que actúan los “ciudadanos”, es no-persona, contrariamente a la consideración como “personas” que se hace de los últimos. Claro está, los autores que han buscado extender el concepto de enemigo a quienes no se someten al derecho de los ciudadanos, no han extendido sus análisis al conocimiento de los motivos (de orden cultural, económico, político, étnico o religioso) por los cuales dicho sometimiento no tiene lugar. Un “derecho penal del enemigo”, lo que en sí mismo, en consecuencia, es también una antinomia, no reconoce ni emplea los principios básicos del derecho penal liberal para el tratamiento punitivo de los enemigos, pues tales principios quedarían reservados para un “derecho penal del ciudadano”.

 Lo que no se explicita en esta justificación para tratar con más rigor punitivo a los “enemigos” es lo que atañe a dos aspectos que son, en cambio, de verdad relevantes. Uno, es el atinente a la consideración que practica G. Jakobs del derecho penal –cualquiera sea su calificación-como una pieza clave en el análisis del sub-sistema jurídico de cualquier sistema social (Luhmann), con lo cual todo sistema penal y en particular la aplicación de las penas, ha de estar orientada a consolidar el nivel de expectativas sociales acerca de que no se produzcan delitos y, si estos se producen, a que las penas previstas se aplicarán, en todo caso (teoría de la prevención general positiva). Otro aspecto, es el relativo al desplazamiento que se produce con respecto a la tradicional consideración que el derecho penal liberal, de cuño iluminista, ha hecho siempre del ser humano que comete delitos. En la búsqueda de la prevención-integración que se manifiesta en esta justificación mediante la aplicación de penas, la consideración de los autores de delitos es substituida por una necesidad de salvaguardar el sistema (este aspecto, fuerte y polémicamente señalado por Baratta 1984, nunca fue respondido por Jakobs, pese a la incuestionable consistencia argumental con que fue presentada la cuestión). De aquí parte el requerimiento de que todo derecho y sistema penal ha de ser eficaz pues, de no probarse tal eficacia se manifestaría una pérdida de confianza en el sistema, para el caso el propio sistema social.

6) Tolerancia cero y su justificación ideológica. El nuevo paradigma criminológico

La consideración de la eficacia de todo sistema penal es asimismo tenida en cuenta por los abordajes que se proponen desde el ámbito de la denominada tolerancia cero. En efecto, como se sabe, desde que J. Young desenmascaró al completo lo que denominó como criminología de la intolerancia (3), (cfr. Young 1999 Cap. 5: 121-147, trad. cast. 191-230) quedó de manifiesto que tanto, la política penal de three strikes and you’re out, cuanto la filosofía de broken Windows (Wilson/Kelling) han alimentado la creencia que fue la Zero Tollerance (nacida en el libro de Dennis, ed. 1997) como imposición de un rígido control policial, fue lo que hizo disminuir el delito en el período 1993-1996, en la ciudad de New York. Por el contrario, el famoso Comisionado William Bratton, al distanciarse del concepto de tolerancia cero, demostró que otras prácticas policiales que no guardan relación con ella y que vigorizan técnicamente la actividad policial redundan en una mayor eficacia del control del delito (v. Young op.cit. : 124, cast. 196). Pues, no obstante lo demostrado por J. Young, se sigue alimentando la creencia que cuánta más dureza y rigidez policial se empleen en las calles para eliminar la criminalidad menor, la marginalidad social, la mendicidad agresiva, la prostitución callejera (“es necesario barrer las calles de toda la escoria social”, afirmó el anterior Presidente del gobierno español, señor Aznar) entonces se restringirá el crecimiento de la criminalidad.

Existen otros ámbitos de los sistemas penales para demostrar que la tolerancia cero, como expresión de un mayor rigor punitivo, no hace descender las estadísticas criminales aunque se piense que el crecimiento de las poblaciones penitenciarias es una demostración de la eficacia del control sobre la criminalidad. El aumento geométrico de personas reclusas en cárceles (el caso de los Estados Unidos es paradigmático, pero no es obviamente más que una muestra) de todo el planeta y, en particular, en las de la Unión Europea (pero no sólo) revela algo más que un simple dato cuantitativo. Efectivamente, no obstante se crea que las reglas del mercado han reemplazado a las normas del Estado como expresión de control social, tales cifras muestran cómo a los procesos de globalización corresponda una transformación no sólo de las políticas penales sino también de las mismas políticas del Estado. El control en general, y en particular el control punitivo, es la función principal asignada por los procesos de globalización a las autoridades políticas de los Estados (aunque el capital privado intervenga, cada vez con más interés y presencia, en el llamado business penitenciario) y se expresa como represión respecto a ciertas categorías sociales actualmente consideradas como criminales en las estadísticas, aunque en esencia no sean sino el reflejo de marcadas situaciones de exclusión social. No obstante, también estas no-personas responden a otras características, tales como la de jóvenes que no han podido ingresar en el mercado del trabajo, inmigrantes extra-europeos entrados “sin papeles” a territorio de la Unión Europea que cometen delitos menores, toxico dependientes que deben dedicarse al tráfico y comercio de substancias prohibidas, etc. Todos ellos son los nuevos y más recientes “enemigos” interiores. Sin embargo, tales categorías son aquellas que asimismo representan colectivos de no-personas (dicho aquí en el sentido en que Dal Lago 1999 ha utilizado antropológicamente la expresión) identificadas por sus pertenencias culturales, económicas, políticas y religiosas a quienes se les atribuye una vinculación específica con la criminalidad más perniciosa de carácter internacional; sobre estos grupos se desplaza vulgarmente la falsa creencia de una responsabilidad criminal colectiva. Tales no-personas son ideológicamente consideradas en los tiempos presentes no únicamente desde el conocimiento vulgar o popular, sino también identificadas (cuando en verdad no lo son) por las instancias de los sistemas penales, como los estereotipos de la criminalidad considerada como la más grave: tráfico de drogas prohibidas, bandas organizadas para la realización de actos terroristas, conductas sumamente violentas contra la propiedad y/o la vida humana, etc. Esta es la demostración más evidente que toda la justificación teórica, jurídico-penal y criminológica, a la que antes se aludió es de clara naturaleza ideológica, en el sentido de descargar sobre esos colectivos una falsa o sesgada visión de ser portadores de la criminalidad más grave (4).  Por todos estos datos, constituyen hoy en día las muestras más expresivas de la exclusión social puesto que básicamente son extraños, no ciudadanos en las sociedades que no los integran.  Es respecto a estas categorías de la más reciente exclusión social que el conocimiento criminológico de cuño crítico debe ampliar sus ámbitos de investigación, (el nuevo paradigma del conocimiento criminológico) aunque dejando de lado, obviamente, la carga ideológica con que hasta ahora los han considerado los sistemas penales de las sociedades que las excluyen.
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Notas de página

 1. Ello así, pues ha sido posible demostrar que, con la nueva regulación penal, fue ya posible alcanzar el total cumplimiento de una pena de privación de libertad si se aplicara en su límite máximo de treinta años (cfr. Muñagorri 1997: 113). De tal modo que los reclamos oficiales, levantados por el precedente Gobierno conservador de España (del Partido Popular), en el sentido que se introduciría una reforma para lograr que las penas aplicadas para ciertos delitos graves (por ejemplo, los cumplidos con finalidades terroristas) fueran de cumplimiento total y efectivo, carecerían de sentido pues ello ya era posible con el Código Penal de la democracia -1995- que propuso al Congreso y logró hacer aprobar el Gobierno de entonces, autoproclamado de izquierda (del Partido Socialista).
 2.  Todo este proceso ha merecido ser denominado como la reforma de la reforma o la contrareforma penal (cfr. el dossier bajo este título de 2003).
3. También denominada como de la vida cotidiana (cfr. Garland 1997) en el sentido que el delito y el desorden se han convertido en sucesos propios de cada día, en todas las sociedades.
4. En el sentido aludido, parece pertinente transcribir aquí la definición que proporciona el filósofo-político Martin Seliger: conjunto de ideas por las que los hombres proponen, explican y justifican  fines y significados de una acción social organizada y específicamente de una acción política, al margen de si tal acción se propone preservar, enmendar, desplazar o construir un orden social dado (1976: 11), a la que se subscribe Ferry Eagleton (1995), sugiriendo también tener presente la amplia fundamentación que Selinger da a aquella definición (cfr. Selinger 1977).

Referencias

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Dr. Roberto Bergalli
Profesor titular en el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales y Director del Master Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona

(*) Texto publicado en el volumen compilado por Manuel Delgado, Gerard Horta y Alberto López Bargados La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social, Barcelona: La Biblioteca del Ciudadano-Ediciones Bellaterra, 2009: 73-99. El texto se reproduce con expresa autorización del autor.

Energía. Luz, calor, vida

Desde el principio de su existencia hasta hoy, la humanidad ha necesitado de la energía para sobrevivir y desarrollarse. Cuanto mayor es la capacidad de obtención y explotación de los recursos energéticos por parte de una determinada sociedad, más importante y complejo es su grado de desarrollo y mayor su capacidad de producción de bienes de consumo.

La energía es, entonces, la fuerza vital que nutre la civilización. De ella dependen el transporte de personas y mercancías, el calentamiento y refrigeración de las viviendas, la iluminación de casas y ciudades, el funcionamiento de las fábricas, las obras públicas, la obtención de los alimentos, su cocción y envasado, es decir, todo aquello que conforma nuestras sociedades.

Hace un siglo y medio, aproximadamente, las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales y la de los hombres y el fuego obtenido al quemar la madera o la turba para calentarse y cocinar. A lo largo de los siglos se habían inventado algunos artefactos para aprovechar la fuerza de los ríos para moler los cereales o la del viento para la navegación a vela o los molinos de viento. Pero con la invención de la máquina de vapor, primero, el uso del carbón, el petróleo, el gas y la electricidad después, todo cambió sustancialmente. En efecto, desde la Revolución Industrial hemos necesitado cada año de mayores cantidades de recursos energéticos, llegando a la situación actual, en que la humanidad demanda más energía que la que está produciendo, empezando a agotar los recursos naturales, proyectando un porvenir que –de no descubrir, inventar y desarrollar nuevas fuentes de energía– se presenta catastrófico. Ante esta situación, desde hace unas décadas se intenta desarrollar –con resultados diversos por problemas tales como el precio o la contaminación– otras formas de energía, provenientes de recursos renovables: nuclear, solar, eólica, biocombustibles, etc.

Nuestro país posee numerosos recursos energéticos no renovables, pero con una duración limitada en cantidad y tiempo. Los cambios que experimentó la economía en los años noventa modificaron en forma sustancial la situación de los recursos energéticos y su procesamiento. Según datos oficiales, el 94% de la energía primaria proviene de recursos no renovables y sólo el 6% restante de los renovables. La privatización de una parte importante del sector energético, además de ocasionar serios problemas por la falta de inversión, ha afectado nuestra capacidad de decisión tecnológica. Si bien la situación no es aún crítica, ya se empiezan a percibir problemas importantes en cuanto al abastecimiento, sobre todo en invierno.

Se hace imperioso, entonces, que en la Argentina se arbitren y profundicen los mecanismos necesarios para impulsar, de manera decidida y eficaz, políticas que garanticen el uso racional y sustentable de los recursos naturales y también la provisión futura de energía, con la construcción de centrales nucleares y la investigación y producción de energía eólica, solar, de combustibles basados en la biomasa –etanol, biodiésel, biogás–, hidrógeno, etc.

En el Nº45 de Encrucijadas abordamos, como siempre, este tema desde diferentes especialidades científicas.

CONOCÉ TODOS LOS ARTÍCULOS DE LA REVISTA EN http://www.uba.ar/encrucijadas/45/index.php Y HACENOS AQUÍ TU COMENTARIO.

PRIMER PREMIO ADEPA 2008

Encrucijadas fue distinguida con el primer premio en la Categoría  “Bien Público” del concurso anual Premios ADEPA al Periodismo. Recibieron la estatuilla, en representación de la UBA, la vicerrectora María Beatríz Guglielmotti y el subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ariel Sujarchuk.



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